La Dirección General de Tributos (DGT) ha emitido una resolución que amplía las ventajas fiscales para los inquilinos en España, en respuesta a una consulta planteada por la Empresa Municipal de la Vivienda de Gijón (EMVISA). La consulta, formulada por el gerente de la entidad, Ángel Luis Benavente Miranda, se centraba en aclarar la interpretación del artículo 23.2 de la Ley de IRPF, modificada por la Ley 12/2023, de 24 de mayo, en el marco del derecho a la vivienda.
Según la normativa, los arrendatarios podrían beneficiarse de una reducción fiscal de hasta el 70% cuando inscriben su vivienda en programas públicos de alquiler. Sin embargo, existía cierta confusión en su interpretación, ya que la redacción original de la ley no aclaraba completamente si dicha reducción se aplicaba en todos los casos o requería determinadas condiciones específicas.
Tras analizar la situación, la DGT ha confirmado que la intención del legislador es promover diferentes vías de colaboración para incentivar el alquiler de viviendas, sin que sea imprescindible que la Administración actúe directamente como arrendataria. En concreto, la reducción del 70% en el rendimiento neto del alquiler también puede aplicarse cuando la vivienda se destina a programas públicos de alquiler que impliquen limitaciones en el precio del arrendamiento.
Esta decisión tiene un impacto importante en iniciativas municipales como «Gijón Confía Alquilando», promovida por el Ayuntamiento de Gijón. El programa busca facilitar que propietarios y arrendatarios accedan a viviendas de alquiler mediante incentivos fiscales, incentivando la oferta de propiedades en un mercado que demanda soluciones asequibles. La interpretación favorable de la DGT aspira a ampliar la participación de los propietarios en estos programas, fomentando una mayor disponibilidad de viviendas en alquiler, lo cual podría beneficiar a numerosos ciudadanos y aliviar en parte la problemática del acceso a la vivienda.
Además, esta resolución sienta un precedente que podría influir en otras políticas municipales y nacionales destinadas a mejorar la situación del mercado de alquiler en España. La ampliación de beneficios fiscales para los arrendatarios busca fortalecer la colaboración entre administraciones y propietarios, fortaleciendo la compatibilidad entre el estímulo fiscal y la protección social, en un contexto donde la vivienda sigue siendo uno de los principales retos socioeconómicos del país.
